IDEARIO
DE UNIDAD
POLO DEMOCRÁTICO
ALTERNATIVO
Por
una Colombia digna, democrática y soberana
Conscientes de la profunda crisis nacional y convencidos de
que la vía para la transformación de las estructuras económicas, sociales y
políticas de Colombia solo la encontraremos con el ejercicio pleno de la
soberanía nacional y con la ampliación y profundización de la democracia, hoy
cada vez más restringida, los afiliados al Polo Democrático Alternativo nos
comprometemos a avanzar en el proceso de unidad de las fuerzas de izquierda
democrática de nuestro país sobre la base de este Ideario de Unidad que les presentamos a los colombianos y
colombianas.
Soberanía nacional
Defendemos la soberanía y la independencia de nuestra nación
frente a Estados Unidos y cualquier centro de poder extranjero. Rechazamos la
globalización neoliberal y sus instrumentos, los Tratados de Libre Comercio,
TLC, lo mismo que las imposiciones del gran capital financiero y sus
instituciones internacionales de control, el Banco Mundial, el Fondo Monetario
Internacional y la Organización Mundial del Comercio.
Unidad latinoamericana y política exterior
Apoyamos los procesos de solidaridad e integración
latinoamericana y caribeña liderados por gobiernos progresistas y democráticos
de la región, que enfrentan las políticas e imposiciones imperialistas.
Defendemos las relaciones diplomáticas, comerciales y
culturales con todos los países del mundo, en pie de igualdad, sobre la base de
la autodeterminación, el respeto mutuo y el beneficio recíproco, y, por ende,
rechazamos el neocolonialismo y el unilateralismo de Estados Unidos y el
sometimiento y saqueo contra la inmensa mayoría de las naciones de la
Tierra.
Exigimos el desmonte de las bases militares de Estados
Unidos y el retiro de tropas, mercenarios y asesores militares extranjeros en
Colombia.
Defendemos la construcción de un nuevo orden mundial, basado
en auténticos valores democráticos, y la protección y respeto de los derechos
de los pueblos. Estamos por el multilateralismo en el tratamiento y la búsqueda
de solución justa a las contradicciones que en múltiples aspectos surgen entre
las naciones. Defendemos los derechos humanos y apoyamos los pactos internacionales
sobre defensa del medio ambiente, los derechos laborales y la protección de las
mujeres y la niñez.
Combatimos toda forma de racismo, xenofobia, exclusión
social, agresión internacional, hegemonismos y explotación depredadora de los
recursos naturales y los seres humanos. Respaldamos las gestiones que se
adelantan en la ONU por definirle una normatividad que exprese de manera
genuina los intereses de todas las naciones de la Tierra y nos comprometemos
con las acciones que conduzcan a convertirla en una organización que regule de
manera democrática las relaciones entre los países, promueva la convivencia
pacífica y aliente y respalde el desarrollo político, económico y social para
el progresivo bienestar de los pueblos.
El mecanismo de la extradición como herramienta útil, solo
será excepcional para la persecución de los delitos comunes, siempre y cuando
sea aplicado a los nacionales por conductas cometidas materialmente fuera del
territorio nacional y sin que sean sancionados con penas más gravosas a las
previstas en el ordenamiento jurídico colombiano. De la misma manera será
aplicado el derecho internacional para aquellos extranjeros que cometan delitos
en suelo colombiano. En ambos casos seremos defensores de la no violación de
los derechos humanos.
Actuaremos de común acuerdo con otros países y en los
diversos organismos multilaterales, para buscar soluciones conjuntas y de fondo
al problema del narcotráfico, contra el consumo y la distribución de drogas
ilícitas y el lavado de activos en los países ricos, y la creación de
alternativas de desarrollo económico sostenible y reconstrucción del tejido
social y de los valores culturales en los países más pobres afectados por ese
problema.
Señalamos que la deuda pública (externa e interna), es la
causa principal y determinante de la crisis fiscal crónica que ha padecido el
Estado colombiano y que el FMI y el gobierno buscan siempre resolver mediante
planes estructurales de ajuste y reformas tributarias cada vez más onerosas
para el pueblo. Rechazamos que la deuda sea utilizada por las instituciones
internacionales como instrumento de saqueo y chantaje contra el país.
Trabajaremos por el mejoramiento económico y legal y por la
unidad y la dignificación de los colombianos que viven en el exterior; porque
se les facilite su debida participación en la institucionalidad colombiana y
para que el Estado cree los mecanismos y estímulos necesarios para su regreso a
la Patria.
Estado y régimen político
Abogamos por un régimen político que haga realidad el Estado
Social de Derecho, entendido como un estado soberano y pluralista que respete y
haga efectivos los derechos políticos, económicos, sociales y culturales de la
población y los de protesta, organización y huelga de los trabajadores, tanto
privados como estatales, así como las libertades y garantías democráticas
consagradas en la Constitución de 1991, vigentes para todos y en todo el
territorio nacional.
Abogamos por una profunda reforma a la justicia, para
garantizar su administración imparcial, independiente, gratuita y eficaz, al
servicio de todos los habitantes del territorio nacional y dirigida en especial
a reivindicar los derechos de los menos favorecidos. Defendemos mecanismos como
la acción de tutela y su fortalecimiento, para ampliar su cobertura y mantener
su carácter preferente y sumario.
Impulsaremos una reforma política democrática que asegure el
voto libre y soberano, y elecciones ajenas a la corrupción, el clientelismo y
el saqueo de los dineros públicos. Pugnaremos por la completa financiación
estatal de las campañas en condiciones de igualdad, por los derechos de la
oposición y su participación real en el Consejo Nacional Electoral, y el acceso
democrático de las diversas corrientes políticas a los medios de comunicación.
Trabajaremos por un nuevo ordenamiento territorial del país,
que consulte las realidades económicas, sociales y culturales de las
poblaciones, particularmente de las comunidades indígenas y afro colombianas,
salvaguardando la unidad y la integridad territorial de la nación.
Asumimos con decisión la defensa de las libertades
sindicales, del derecho a la resistencia civil y la protesta social. Nos
emplearemos a fondo para que todos los partidos, movimientos y organizaciones
sociales y políticas puedan participar con plenas garantías en todos los
espacios de la vida pública.
Democracia económica
Impulsamos un modelo de desarrollo basado en el régimen de
economía mixta, que respete la propiedad privada garantizando un crecimiento
económico próspero, autónomo y soberano, dentro de la sostenibilidad ambiental
y cultural, para beneficio de todos los colombianos y dirigido a eliminar las
desigualdades. Estamos por la generación de riqueza con inclusión social.
Defendemos el patrimonio público, y el fortalecimiento del
aparato productivo nacional, el mercado interno y la adecuada inserción del
país en la economía mundial. Se acabarán las importaciones que lesionen la
producción y la economía del país.
El Estado intervendrá para fortalecer la producción interna
industrial, manufacturera, artesanal, agropecuaria, forestal y acuícola y la
prestación de servicios por parte de los colombianos, mediante políticas
estatales crediticias de fomento, investigación científica, desarrollo tecnológico
e inversión en infraestructura vial, evitando el deterioro ambiental.
El Estado jugará un papel de regulación y no renunciará a la
propiedad y gestión directa de los servicios públicos básicos y de los sectores
estratégicos. Serán suspendidas las privatizaciones y promoveremos la propiedad
estatal sobre las empresas estratégicas, para el desarrollo económico nacional.
Llevaremos a cabo una política agraria que garantice la
soberanía y la seguridad alimentarias y eliminaremos la actual concentración de
las tierras y los latifundios improductivos. Se protegerá la producción rural
con la disminución de las rentas financieras e inmobiliarias, la transferencia
tecnológica y la lucha por la eliminación de los subsidios agrícolas en los
países desarrollados, así como las barreras que utilizan para proteger su
mercado, mientras exigen la apertura total del nuestro. Se garantizará el
acceso individual o colectivo de los campesinos a la tierra y se les prestará
el apoyo estatal necesario para una vida familiar digna. Serán respetados los
derechos históricos y las costumbres ancestrales de las comunidades indígenas y
afrodescendientes. Se impedirá el arriendo, concesión y venta de tierras a los
monopolios y gobiernos extranjeros y la concentración territorial en manos de
grandes propietarios y monopolios nacionales.
El desplazamiento forzado será drásticamente penalizado y se
propiciará el retorno de los desplazados a sus territorios, con plenas
garantías de tierra, seguridad y respaldo para su desarrollo económico y
social. En los proyectos productivos rurales se acabarán las exigencias
abusivas, como las de obligar a los agricultores a utilizar semillas
transgénicas e insumos predeterminados que los supeditan a las cadenas
productivas al servicio de las transnacionales.
Se hará una reforma financiera que garantice que el ahorro
del público se transfiera realmente a la producción y que el crédito se
entregue a un mayor número de colombianos con intereses flexibles que estimulen
la producción de nuestros compatriotas.
Serán reconocidas las múltiples formas de producir,
distribuir y consumir en Colombia, pero no se permitirán las prácticas
monopolistas ni la usurpación de los derechos de campesinos y trabajadores, ni
el abuso contra los pequeños y medianos productores. Se trabajará para
construir lo público, más allá de lo estatal. Se exigirá el cumplimiento de la
función social de la propiedad.
Se recuperarán la soberanía y la autonomía en el manejo del endeudamiento público, la banca
central, la hacienda pública, el control de cambios y la fijación de aranceles.
Estableceremos un sistema fiscal basado en impuestos
directos y progresivos. Lucharemos contra los impuestos injustos que afectan el
consumo y la canasta familiar y contra los privilegios tributarios de los
grandes monopolios nacionales y extranjeros. Se castigará a los evasores, los
contrabandistas, los especuladores y los defraudadores de los recursos y bienes
del Estado.
Derechos sociales, económicos, culturales y ambientales
La verdadera razón de ser del Estado
es buscar la universalización de los derechos políticos, sociales,
económicos, culturales y ambientales, en pro del bienestar para la población,
preconizados desde la Declaración Universal de los Derechos del Hombre, dedicando
los mayores esfuerzos a sentar las bases materiales, sociales, ambientales,
culturales y políticas para construir una Colombia social e integralmente
justa.
El Estado reconocerá y protegerá la diversidad natural,
étnica y cultural de la nación colombiana y pondrá en marcha una ambiciosa
política contra el racismo y la discriminación en desarrollo del principio de
la igualdad sustancial, de conformidad con el artículo 13 de la Constitución
Nacional.
El gasto público social tendrá prioridad sobre el pago de la
deuda externa y el presupuesto militar. Se hará una reforma laboral democrática
que restituya los derechos conculcados a los trabajadores, fundamentalmente
mediante el restablecimiento de los contratos laborales y la eliminación de las
órdenes de prestación de servicios. Luchamos por mejores condiciones de vida y
de trabajo y por establecer un sistema de control real de precios de los
artículos de primera necesidad, así como de las tarifas del transporte y de los
servicios públicos. Aumentaremos los sueldos y los salarios, según las
ganancias reales de las empresas estatales y privadas, de tal manera que se
eleve la capacidad adquisitiva de la población a la vez que se protege la
industria nacional.
Haremos una reforma integral al régimen de servicios
públicos domiciliarios, de acuerdo con los principios de equidad social,
redistribución del ingreso, solidaridad, defensa y fortalecimiento del
patrimonio público en el marco de la función social del Estado.
Concebimos la salud como un derecho fundamental y no una
mercancía. Se hará una profunda reforma al sistema de salud pública, sobre la
base de garantizar la cobertura total a la población. Será defendida y
fortalecida la red pública hospitalaria y se rechazará la privatización de
hospitales y centros de salud; los que hayan sido privatizados retornarán a
manos del Estado. Será eliminada la intermediación del capital financiero en la
prestación de los servicios de salud. Serán garantizadas condiciones dignas de
trabajo para los profesionales y trabajadores del sector, y la autonomía médica
en el diagnóstico y el tratamiento. Los fondos privados de pensiones serán
eliminados y se restituirán los derechos de los pensionados y los ancianos sin
posibilidad de pensión. Estableceremos programas especiales de atención en
salud, capacitación, recreación y deportes para los pensionados del país.
La educación pública será universal, de calidad, gratuita y
obligatoria, en los niveles de preescolar, básica primaria, básica secundaria y
media, así como en formación técnica laboral y en educación superior.
Restableceremos los derechos laborales, salariales y profesionales conculcados
al magisterio. Fomentaremos la investigación científica y el desarrollo
tecnológico, lo mismo que el deporte masivo y la recreación gratuita.
Impulsaremos la cultura como forma de vida, en sus
diferentes manifestaciones sociales, ciudadanas y comunitarias; promoveremos el
desarrollo del arte, los territorios y la vida de los pueblos. El Estado Social
de Derecho, a través de la cultura, protegerá y promoverá la identidad
nacional, la memoria y el patrimonio histórico nacionales.
Se eliminará la intermediación financiera en la vivienda de
interés social y se aumentarán los recursos públicos, para adelantar planes que
faciliten a las personas la adquisición de vivienda digna. Adoptaremos medidas
que acaben con la especulación en el suelo rural y urbano y que resuelvan a
favor de los deudores los procesos judiciales y las acciones encaminadas a
despojarlos de sus viviendas por parte de las instituciones financieras.
Garantizaremos la igualdad de derechos entre mujeres y
hombres. Aseguraremos las mismas oportunidades en su acceso a los cargos
públicos y al mundo laboral y defenderemos el precepto de “a igual trabajo,
igual salario”. Defendemos los derechos reproductivos de la mujer y su derecho
a decidir sobre la interrupción del embarazo. Rechazamos las expresiones
sexistas, la violencia pública y privada contra mujeres y hombres. Nos oponemos
a la utilización del cuerpo como botín de guerra.
Condenamos la explotación laboral de los niños. Daremos
atención especial a los menores y atención integral a los ancianos. Habrá
respeto, protección y programas especiales de ocupación laboral, capacitación,
recreación y deportes para hombres y mujeres cabeza de familia, adultos
mayores, discapacitados, multiimpedidos. Estos programas tendrán el propósito
de reintegrar a la vida social y familiar a indigentes y adictos.
Reconocemos el libre desarrollo de la personalidad.
Impulsaremos políticas que promuevan derechos plenos de los homosexuales,
bisexuales y transgeneristas. Combatimos la discriminación a la que son
sometidos, vulnerando sus derechos como personas neces.
En el marco de políticas de desarrollo sustentable, y de
protección y conservación del medio ambiente y la biodiversidad, se permitirá
la explotación del subsuelo y de los recursos naturales renovables y no
renovables del país, protegiéndolos de la voracidad de las multinacionales y
sus megaproyectos. Esa explotación se hará según las necesidades internas de la
nación y se estimulará la participación de la ciudadanía en la toma de las
decisiones al respecto. Impediremos la privatización de la naturaleza y el
saqueo de nuestra biodiversidad con la utilización y apropiación transnacional
del genoma de plantas y animales, a través de las patentes y las normas de
propiedad intelectual. La biodiversidad será considerada un bien público y el
agua un derecho fundamental.
El Polo luchará por la protección del medio ambiente, el
agua, la naturaleza y demás bienes comunes vitales que aseguren la
supervivencia de la humanidad. Los territorios son objeto de la voracidad del
capital transnacional, por lo cual ordenarlos de acuerdo con los usos y
costumbres de las comunidades y poblaciones que los habitan será un principio
de la lucha del Polo.
Paz, justicia y seguridad
El Polo promueve la movilización política y social de los
ciudadanos por el logro de la plena vigencia de los derechos humanos, las
garantías políticas y civiles y la emancipación social y humana. El empleo de
las armas para la solución de los conflictos contradice los métodos y los
propósitos que propugna nuestro Partido.
Nos oponemos a la guerra y al ejercicio de la violencia como
instrumento de acción política. Consideramos que hoy la vía de la
transformación es la lucha de masas democrática
y pacífica.
Repudiamos todas las formas de terror: el atentado personal,
el secuestro, la extorsión, los falsos positivos, las acciones armadas contra
la población civil, que en modo alguno son
formas legítimas de la lucha de los pueblos, por lo que condenamos todo acto de
esta naturaleza. Nos oponemos a la concepción de “lucha antiterrorista” que los
gobiernos norteamericano y colombiano utilizan como pretexto para recurrir a
métodos absolutistas y perseguir las expresiones de lucha popular que se oponen
a la política imperante.
Apoyamos la solución política del conflicto armado interno.
Las partes en conflicto deben acudir a diálogos y negociaciones en busca de
acuerdos de paz. Mientras persista el conflicto, estamos por acuerdos
humanitarios entre el Estado y la insurgencia para proteger a la población de
los efectos de la guerra y poner fin a la agobiante e indigna situación de las
personas que a causa de dicha contienda están secuestradas o se les ha privado
arbitraria o injustamente de su libertad.
Estamos por la superación y desmonte total y definitivo del
paramilitarismo, tanto de sus estructuras armadas como de sus redes de apoyo
económico, actividades criminales, presiones y chantajes políticos y sociales y
control ilícito de territorios. Estamos por un marco legal que recupere la
verdad histórica, reivindique la memoria, supere la impunidad, garantice una
reparación económica, política, cultural y moral a las víctimas y reconozca la
responsabilidad estatal cuando fuere pertinente. Todo esto se hará con total
protección a las víctimas.
La prevención y el control de la delincuencia y la
conservación del orden público se harán en el
marco del respeto a los derechos fundamentales de las personas. Respetaremos la
libertad de expresión. Por tanto, se procederá a liberar a los presos
políticos. Nadie será perseguido por sus apreciaciones políticas. Se propiciará
el debate político con profundo respeto a las diversas opiniones.
Promovemos una cultura de paz y tolerancia para la búsqueda
de la dignidad, la igualdad y la solidaridad humanas y para lograr el ambiente
de convivencia social requerido para que los ciudadanos puedan adelantar el
ejercicio público y privado de sus actividades, con las libertades previstas en
el orden constitucional.
Política nacional de drogas
De manera responsable, soberana y autónoma, el Polo
trabajará por la despenalización de toda la cadena productiva de los
estupefacientes y su tráfico, y no admitirá ninguna acción que vaya contra los
intereses de la nación y de sus gentes.
Frente a la producción, serán suspendidas las fumigaciones y
la erradicación manual. Impulsaremos alternativas de desarrollo concertadas con
las comunidades implicadas, a través de un proceso gradual de sustitución de
cultivos ilícitos y sin criminalizar a los pequeños productores. Se buscarán
acuerdos sobre el tráfico y el procesamiento, en
los que la comunidad internacional se fije tareas de cumplimiento de metas
específicas. Frente al consumo, se respetarán los derechos del libre desarrollo
de la personalidad, la dignidad e igualdad de las personas y se dará prioridad
a las políticas de salud pública y de rechazo a la represión.
Colombia liderará ante la comunidad internacional y en
especial para Latinoamérica una posición que pase del debate al accionar
político por la despenalización de la producción, el tráfico y consumo de
drogas ilícitas, el rechazo al prohibicionismo y el reconocimiento del fracaso
de las políticas impuestas en más de cuatro décadas por Estados Unidos y sus
consecuencias negativas en lo ambiental, económico, político y social. Se
propondrá que la Unasur y la Celac convoquen una conferencia internacional para
dar pasos concretos en la dirección señalada.
Movilización ciudadana democrática
En el marco general de las anteriores consideraciones,
apoyamos e impulsamos las protestas de la ciudadanía, las movilizaciones
populares, las luchas cívicas y las distintas expresiones de resistencia y
descontento contra las políticas del capitalismo internacional y los gobiernos
colombianos oligárquicos.
Propugnamos un proceso de convergencia, articulación y
unidad de todos los sectores populares, democráticos y alternativos para
construir una opción de poder que saque a Colombia de la profunda y larga
crisis en que se encuentra y la oriente por senderos de progreso y justicia que
nos devuelva el orgullo de sentirnos colombianos.
El Polo tomará en consideración los programas, planes de vida,
pliegos y mandatos que los sectores sociales han construido en sus luchas, para
la construcción de un nuevo proyecto de nación. El Polo buscará los caminos
para concretar la más amplia unidad de los colombianos hacia la derrota de sus
tradicionales opresores y la construcción de una nación soberana y democrática.
Polo Democrático Alternativo
III Congreso Nacional
Bogotá, noviembre 9 y 10 de 2012
