IDEARIO DE UNIDAD- POLO DEMOCRÁTICO ALTERNATIVO

IDEARIO DE UNIDAD

POLO DEMOCRÁTICO ALTERNATIVO

Por una Colombia digna, democrática y soberana  

Conscientes de la profunda crisis nacional y convencidos de que la vía para la transformación de las estructuras económicas, sociales y políticas de Colombia solo la encontraremos con el ejercicio pleno de la soberanía nacional y con la ampliación y profundización de la democracia, hoy cada vez más restringida, los afiliados al Polo Democrático Alternativo nos comprometemos a avanzar en el proceso de unidad de las fuerzas de izquierda democrática de nuestro país sobre la base de este Ideario de Unidad que les presentamos a los colombianos y colombianas.

Soberanía nacional   

Defendemos la soberanía y la independencia de nuestra nación frente a Estados Unidos y cualquier centro de poder extranjero. Rechazamos la globalización neoliberal y sus instrumentos, los Tratados de Libre Comercio, TLC, lo mismo que las imposiciones del gran capital financiero y sus instituciones internacionales de control, el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional y la Organización Mundial del Comercio.

Unidad latinoamericana y política exterior

Apoyamos los procesos de solidaridad e integración latinoamericana y caribeña liderados por gobiernos progresistas y democráticos de la región, que enfrentan las políticas e imposiciones imperialistas. 

Defendemos las relaciones diplomáticas, comerciales y culturales con todos los países del mundo, en pie de igualdad, sobre la base de la autodeterminación, el respeto mutuo y el beneficio recíproco, y, por ende, rechazamos el neocolonialismo y el unilateralismo de Estados Unidos y el sometimiento y saqueo contra la inmensa mayoría de las naciones de la Tierra. 

Exigimos el desmonte de las bases militares de Estados Unidos y el retiro de tropas, mercenarios y asesores militares extranjeros en Colombia.

Defendemos la construcción de un nuevo orden mundial, basado en auténticos valores democráticos, y la protección y respeto de los derechos de los pueblos. Estamos por el multilateralismo en el tratamiento y la búsqueda de solución justa a las contradicciones que en múltiples aspectos surgen entre las naciones. Defendemos los derechos humanos y apoyamos los pactos internacionales sobre defensa del medio ambiente, los derechos laborales y la protección de las mujeres y la niñez.  

Combatimos toda forma de racismo, xenofobia, exclusión social, agresión internacional, hegemonismos y explotación depredadora de los recursos naturales y los seres humanos. Respaldamos las gestiones que se adelantan en la ONU por definirle una normatividad que exprese de manera genuina los intereses de todas las naciones de la Tierra y nos comprometemos con las acciones que conduzcan a convertirla en una organización que regule de manera democrática las relaciones entre los países, promueva la convivencia pacífica y aliente y respalde el desarrollo político, económico y social para el progresivo bienestar de los pueblos.

El mecanismo de la extradición como herramienta útil, solo será excepcional para la persecución de los delitos comunes, siempre y cuando sea aplicado a los nacionales por conductas cometidas materialmente fuera del territorio nacional y sin que sean sancionados con penas más gravosas a las previstas en el ordenamiento jurídico colombiano. De la misma manera será aplicado el derecho internacional para aquellos extranjeros que cometan delitos en suelo colombiano. En ambos casos seremos defensores de la no violación de los derechos humanos.

Actuaremos de común acuerdo con otros países y en los diversos organismos multilaterales, para buscar soluciones conjuntas y de fondo al problema del narcotráfico, contra el consumo y la distribución de drogas ilícitas y el lavado de activos en los países ricos, y la creación de alternativas de desarrollo económico sostenible y reconstrucción del tejido social y de los valores culturales en los países más pobres afectados por ese problema.

Señalamos que la deuda pública (externa e interna), es la causa principal y determinante de la crisis fiscal crónica que ha padecido el Estado colombiano y que el FMI y el gobierno buscan siempre resolver mediante planes estructurales de ajuste y reformas tributarias cada vez más onerosas para el pueblo. Rechazamos que la deuda sea utilizada por las instituciones internacionales como instrumento de saqueo y chantaje contra el país. 

Trabajaremos por el mejoramiento económico y legal y por la unidad y la dignificación de los colombianos que viven en el exterior; porque se les facilite su debida participación en la institucionalidad colombiana y para que el Estado cree los mecanismos y estímulos necesarios para su regreso a la Patria.

Estado y régimen político

Abogamos por un régimen político que haga realidad el Estado Social de Derecho, entendido como un estado soberano y pluralista que respete y haga efectivos los derechos políticos, económicos, sociales y culturales de la población y los de protesta, organización y huelga de los trabajadores, tanto privados como estatales, así como las libertades y garantías democráticas consagradas en la Constitución de 1991, vigentes para todos y en todo el territorio nacional.

Abogamos por una profunda reforma a la justicia, para garantizar su administración imparcial, independiente, gratuita y eficaz, al servicio de todos los habitantes del territorio nacional y dirigida en especial a reivindicar los derechos de los menos favorecidos. Defendemos mecanismos como la acción de tutela y su fortalecimiento, para ampliar su cobertura y mantener su carácter preferente y sumario.

Impulsaremos una reforma política democrática que asegure el voto libre y soberano, y elecciones ajenas a la corrupción, el clientelismo y el saqueo de los dineros públicos. Pugnaremos por la completa financiación estatal de las campañas en condiciones de igualdad, por los derechos de la oposición y su participación real en el Consejo Nacional Electoral, y el acceso democrático de las diversas corrientes políticas a los medios de comunicación.

Trabajaremos por un nuevo ordenamiento territorial del país, que consulte las realidades económicas, sociales y culturales de las poblaciones, particularmente de las comunidades indígenas y afro colombianas, salvaguardando la unidad y la integridad territorial de la nación.

Asumimos con decisión la defensa de las libertades sindicales, del derecho a la resistencia civil y la protesta social. Nos emplearemos a fondo para que todos los partidos, movimientos y organizaciones sociales y políticas puedan participar con plenas garantías en todos los espacios de la vida pública.

Democracia económica

Impulsamos un modelo de desarrollo basado en el régimen de economía mixta, que respete la propiedad privada garantizando un crecimiento económico próspero, autónomo y soberano, dentro de la sostenibilidad ambiental y cultural, para beneficio de todos los colombianos y dirigido a eliminar las desigualdades. Estamos por la generación de riqueza con inclusión social.

Defendemos el patrimonio público, y el fortalecimiento del aparato productivo nacional, el mercado interno y la adecuada inserción del país en la economía mundial. Se acabarán las importaciones que lesionen la producción y la economía del país.

El Estado intervendrá para fortalecer la producción interna industrial, manufacturera, artesanal, agropecuaria, forestal y acuícola y la prestación de servicios por parte de los colombianos, mediante políticas estatales crediticias de fomento, investigación científica, desarrollo tecnológico e inversión en infraestructura vial, evitando el deterioro ambiental.

El Estado jugará un papel de regulación y no renunciará a la propiedad y gestión directa de los servicios públicos básicos y de los sectores estratégicos. Serán suspendidas las privatizaciones y promoveremos la propiedad estatal sobre las empresas estratégicas, para el desarrollo económico nacional.

Llevaremos a cabo una política agraria que garantice la soberanía y la seguridad alimentarias y eliminaremos la actual concentración de las tierras y los latifundios improductivos. Se protegerá la producción rural con la disminución de las rentas financieras e inmobiliarias, la transferencia tecnológica y la lucha por la eliminación de los subsidios agrícolas en los países desarrollados, así como las barreras que utilizan para proteger su mercado, mientras exigen la apertura total del nuestro. Se garantizará el acceso individual o colectivo de los campesinos a la tierra y se les prestará el apoyo estatal necesario para una vida familiar digna. Serán respetados los derechos históricos y las costumbres ancestrales de las comunidades indígenas y afrodescendientes. Se impedirá el arriendo, concesión y venta de tierras a los monopolios y gobiernos extranjeros y la concentración territorial en manos de grandes propietarios y monopolios nacionales.

El desplazamiento forzado será drásticamente penalizado y se propiciará el retorno de los desplazados a sus territorios, con plenas garantías de tierra, seguridad y respaldo para su desarrollo económico y social. En los proyectos productivos rurales se acabarán las exigencias abusivas, como las de obligar a los agricultores a utilizar semillas transgénicas e insumos predeterminados que los supeditan a las cadenas productivas al servicio de las transnacionales.

Se hará una reforma financiera que garantice que el ahorro del público se transfiera realmente a la producción y que el crédito se entregue a un mayor número de colombianos con intereses flexibles que estimulen la producción de nuestros compatriotas.

Serán reconocidas las múltiples formas de producir, distribuir y consumir en Colombia, pero no se permitirán las prácticas monopolistas ni la usurpación de los derechos de campesinos y trabajadores, ni el abuso contra los pequeños y medianos productores. Se trabajará para construir lo público, más allá de lo estatal. Se exigirá el cumplimiento de la función social de la propiedad.

Se recuperarán la soberanía y la autonomía en el manejo del endeudamiento público, la banca central, la hacienda pública, el control de cambios y la fijación de aranceles.

Estableceremos un sistema fiscal basado en impuestos directos y progresivos. Lucharemos contra los impuestos injustos que afectan el consumo y la canasta familiar y contra los privilegios tributarios de los grandes monopolios nacionales y extranjeros. Se castigará a los evasores, los contrabandistas, los especuladores y los defraudadores de los recursos y bienes del Estado.

Derechos sociales, económicos, culturales y ambientales

La verdadera razón de ser del Estado es buscar la universalización de los derechos políticos, sociales, económicos, culturales y ambientales, en pro del bienestar para la población, preconizados desde la Declaración Universal de los Derechos del Hombre, dedicando los mayores esfuerzos a sentar las bases materiales, sociales, ambientales, culturales y políticas para construir una Colombia social e integralmente justa.

El Estado reconocerá y protegerá la diversidad natural, étnica y cultural de la nación colombiana y pondrá en marcha una ambiciosa política contra el racismo y la discriminación en desarrollo del principio de la igualdad sustancial, de conformidad con el artículo 13 de la Constitución Nacional.

El gasto público social tendrá prioridad sobre el pago de la deuda externa y el presupuesto militar. Se hará una reforma laboral democrática que restituya los derechos conculcados a los trabajadores, fundamentalmente mediante el restablecimiento de los contratos laborales y la eliminación de las órdenes de prestación de servicios. Luchamos por mejores condiciones de vida y de trabajo y por establecer un sistema de control real de precios de los artículos de primera necesidad, así como de las tarifas del transporte y de los servicios públicos. Aumentaremos los sueldos y los salarios, según las ganancias reales de las empresas estatales y privadas, de tal manera que se eleve la capacidad adquisitiva de la población a la vez que se protege la industria nacional.

Haremos una reforma integral al régimen de servicios públicos domiciliarios, de acuerdo con los principios de equidad social, redistribución del ingreso, solidaridad, defensa y fortalecimiento del patrimonio público en el marco de la función social del Estado.

Concebimos la salud como un derecho fundamental y no una mercancía. Se hará una profunda reforma al sistema de salud pública, sobre la base de garantizar la cobertura total a la población. Será defendida y fortalecida la red pública hospitalaria y se rechazará la privatización de hospitales y centros de salud; los que hayan sido privatizados retornarán a manos del Estado. Será eliminada la intermediación del capital financiero en la prestación de los servicios de salud. Serán garantizadas condiciones dignas de trabajo para los profesionales y trabajadores del sector, y la autonomía médica en el diagnóstico y el tratamiento. Los fondos privados de pensiones serán eliminados y se restituirán los derechos de los pensionados y los ancianos sin posibilidad de pensión. Estableceremos programas especiales de atención en salud, capacitación, recreación y deportes para los pensionados del país.

La educación pública será universal, de calidad, gratuita y obligatoria, en los niveles de preescolar, básica primaria, básica secundaria y media, así como en formación técnica laboral y en educación superior. Restableceremos los derechos laborales, salariales y profesionales conculcados al magisterio. Fomentaremos la investigación científica y el desarrollo tecnológico, lo mismo que el deporte masivo y la recreación gratuita.

Impulsaremos la cultura como forma de vida, en sus diferentes manifestaciones sociales, ciudadanas y comunitarias; promoveremos el desarrollo del arte, los territorios y la vida de los pueblos. El Estado Social de Derecho, a través de la cultura, protegerá y promoverá la identidad nacional, la memoria y el patrimonio histórico nacionales.

Se eliminará la intermediación financiera en la vivienda de interés social y se aumentarán los recursos públicos, para adelantar planes que faciliten a las personas la adquisición de vivienda digna. Adoptaremos medidas que acaben con la especulación en el suelo rural y urbano y que resuelvan a favor de los deudores los procesos judiciales y las acciones encaminadas a despojarlos de sus viviendas por parte de las instituciones financieras. 

Garantizaremos la igualdad de derechos entre mujeres y hombres. Aseguraremos las mismas oportunidades en su acceso a los cargos públicos y al mundo laboral y defenderemos el precepto de “a igual trabajo, igual salario”. Defendemos los derechos reproductivos de la mujer y su derecho a decidir sobre la interrupción del embarazo. Rechazamos las expresiones sexistas, la violencia pública y privada contra mujeres y hombres. Nos oponemos a la utilización del cuerpo como botín de guerra.

Condenamos la explotación laboral de los niños. Daremos atención especial a los menores y atención integral a los ancianos. Habrá respeto, protección y programas especiales de ocupación laboral, capacitación, recreación y deportes para hombres y mujeres cabeza de familia, adultos mayores, discapacitados, multiimpedidos. Estos programas tendrán el propósito de reintegrar a la vida social y familiar a indigentes y adictos.

Reconocemos el libre desarrollo de la personalidad. Impulsaremos políticas que promuevan derechos plenos de los homosexuales, bisexuales y transgeneristas. Combatimos la discriminación a la que son sometidos, vulnerando sus derechos como personas neces.

En el marco de políticas de desarrollo sustentable, y de protección y conservación del medio ambiente y la biodiversidad, se permitirá la explotación del subsuelo y de los recursos naturales renovables y no renovables del país, protegiéndolos de la voracidad de las multinacionales y sus megaproyectos. Esa explotación se hará según las necesidades internas de la nación y se estimulará la participación de la ciudadanía en la toma de las decisiones al respecto. Impediremos la privatización de la naturaleza y el saqueo de nuestra biodiversidad con la utilización y apropiación transnacional del genoma de plantas y animales, a través de las patentes y las normas de propiedad intelectual. La biodiversidad será considerada un bien público y el agua un derecho fundamental.

El Polo luchará por la protección del medio ambiente, el agua, la naturaleza y demás bienes comunes vitales que aseguren la supervivencia de la humanidad. Los territorios son objeto de la voracidad del capital transnacional, por lo cual ordenarlos de acuerdo con los usos y costumbres de las comunidades y poblaciones que los habitan será un principio de la lucha del Polo.   

Paz, justicia y seguridad

El Polo promueve la movilización política y social de los ciudadanos por el logro de la plena vigencia de los derechos humanos, las garantías políticas y civiles y la emancipación social y humana. El empleo de las armas para la solución de los conflictos contradice los métodos y los propósitos que propugna nuestro Partido.

Nos oponemos a la guerra y al ejercicio de la violencia como instrumento de acción política. Consideramos que hoy la vía de la transformación es la lucha de masas democrática y pacífica. 

Repudiamos todas las formas de terror: el atentado personal, el secuestro, la extorsión, los falsos positivos, las acciones armadas contra la población civil, que en modo alguno son formas legítimas de la lucha de los pueblos, por lo que condenamos todo acto de esta naturaleza. Nos oponemos a la concepción de “lucha antiterrorista” que los gobiernos norteamericano y colombiano utilizan como pretexto para recurrir a métodos absolutistas y perseguir las expresiones de lucha popular que se oponen a la política imperante.

Apoyamos la solución política del conflicto armado interno. Las partes en conflicto deben acudir a diálogos y negociaciones en busca de acuerdos de paz. Mientras persista el conflicto, estamos por acuerdos humanitarios entre el Estado y la insurgencia para proteger a la población de los efectos de la guerra y poner fin a la agobiante e indigna situación de las personas que a causa de dicha contienda están secuestradas o se les ha privado arbitraria o injustamente de su libertad. 

Estamos por la superación y desmonte total y definitivo del paramilitarismo, tanto de sus estructuras armadas como de sus redes de apoyo económico, actividades criminales, presiones y chantajes políticos y sociales y control ilícito de territorios. Estamos por un marco legal que recupere la verdad histórica, reivindique la memoria, supere la impunidad, garantice una reparación económica, política, cultural y moral a las víctimas y reconozca la responsabilidad estatal cuando fuere pertinente. Todo esto se hará con total protección a las víctimas.

La prevención y el control de la delincuencia y la conservación del orden público se harán en el marco del respeto a los derechos fundamentales de las personas. Respetaremos la libertad de expresión. Por tanto, se procederá a liberar a los presos políticos. Nadie será perseguido por sus apreciaciones políticas. Se propiciará el debate político con profundo respeto a las diversas opiniones.   

Promovemos una cultura de paz y tolerancia para la búsqueda de la dignidad, la igualdad y la solidaridad humanas y para lograr el ambiente de convivencia social requerido para que los ciudadanos puedan adelantar el ejercicio público y privado de sus actividades, con las libertades previstas en el orden constitucional.

Política nacional de drogas

De manera responsable, soberana y autónoma, el Polo trabajará por la despenalización de toda la cadena productiva de los estupefacientes y su tráfico, y no admitirá ninguna acción que vaya contra los intereses de la nación y de sus gentes.

Frente a la producción, serán suspendidas las fumigaciones y la erradicación manual. Impulsaremos alternativas de desarrollo concertadas con las comunidades implicadas, a través de un proceso gradual de sustitución de cultivos ilícitos y sin criminalizar a los pequeños productores. Se buscarán acuerdos sobre el tráfico y el procesamiento, en los que la comunidad internacional se fije tareas de cumplimiento de metas específicas. Frente al consumo, se respetarán los derechos del libre desarrollo de la personalidad, la dignidad e igualdad de las personas y se dará prioridad a las políticas de salud pública y de rechazo a la represión.

Colombia liderará ante la comunidad internacional y en especial para Latinoamérica una posición que pase del debate al accionar político por la despenalización de la producción, el tráfico y consumo de drogas ilícitas, el rechazo al prohibicionismo y el reconocimiento del fracaso de las políticas impuestas en más de cuatro décadas por Estados Unidos y sus consecuencias negativas en lo ambiental, económico, político y social. Se propondrá que la Unasur y la Celac convoquen una conferencia internacional para dar pasos concretos en la dirección señalada.   

Movilización ciudadana democrática

En el marco general de las anteriores consideraciones, apoyamos e impulsamos las protestas de la ciudadanía, las movilizaciones populares, las luchas cívicas y las distintas expresiones de resistencia y descontento contra las políticas del capitalismo internacional y los gobiernos colombianos oligárquicos. 

Propugnamos un proceso de convergencia, articulación y unidad de todos los sectores populares, democráticos y alternativos para construir una opción de poder que saque a Colombia de la profunda y larga crisis en que se encuentra y la oriente por senderos de progreso y justicia que nos devuelva el orgullo de sentirnos colombianos.

El Polo tomará en consideración los programas, planes de vida, pliegos y mandatos que los sectores sociales han construido en sus luchas, para la construcción de un nuevo proyecto de nación. El Polo buscará los caminos para concretar la más amplia unidad de los colombianos hacia la derrota de sus tradicionales opresores y la construcción de una nación soberana y democrática.

Polo Democrático Alternativo

III Congreso Nacional

Bogotá, noviembre 9 y 10 de 2012