SINTRAEMCALI RECHAZA EL PAGO DE LA INJUSTA DEUDA CON LA NACION POR MAS DE 1.5 BILLONES DE PESOS

El Sindicato de Trabajadores de las Empresas Municipales de Cali SINTRAEMCALI, siempre ha manifestado que los créditos internacionales que se realizaron utilizando a EMCALI EICE ESP y que fueron desembolsados durante los inicios de los años 90 fueron utilizados para asumir inversiones que tenían un impacto nacional, como fue la construcción de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales (PTAR), con la finalidad de disminuir los niveles de contaminación al rio cauca. Por esta razón el Gobierno Nacional de Ernesto Samper Pizano hizo la promesa de que la nación asumiera el 80% de estas inversiones.

El expresidente Samper y los sucesivos Gobiernos Nacionales (Pastrana, Uribe y Santos) han incumplido esta promesa, por el contrario han impuesto condiciones onerosas e intereses injustos. Siendo Juan Manuel Santos Ministro de Hacienda y Crédito Publico, durante el 2000 y 2001 quien impuso intereses entre el 10% y 12% por cada cuota pagada por la nación, en este momento esos intereses ascendieron a más de 73 mil millones de pesos, que posteriormente en el Gobierno de Uribe fueron incluidos como parte del capital de la deuda.

En el Gobierno de Uribe mientras EMCALI EICE ESP seguía intervenida, se impuso el Convenio de Ajuste Operativo Financiero y Laboral (CAOFL), en el que se estableció un interés del IPC con capitalización trimestral. Posteriormente el Gobierno de Santos para terminar con la nefasta intervención que se prolongó por más de 13 años, impuso como condición establecer un acuerdo de pago, que permitió continuar con los mismos intereses hasta el 31 de diciembre de 2015, y a partir de 1 de enero de 2016 establecer un intereses del DTF + 2 % con un plazo de 10 años.

Al 31 de diciembre de 2015 esta deuda ascendió a más de 1 billón 119 mil millones de pesos, y al finalizar los 10 años se habrá pagado 1 billón 528 mil millones de pesos, de ese monto 400 mil millones corresponderán a intereses que no retornaran en inversión. En el 2016 se proyecta que los intereses que se pagaran serán 74 mil millones de pesos, que afectan el presupuesto de EMCALI EICE ESP y castiga los proyectos de inversión necesarios para el fortalecimiento de la empresa.

SINTRAEMCALI rechaza el pago de esta deuda que injustamente le atribuye el Gobierno Nacional de Juan Manuel Santos a las Empresas Municipal de Cali y los usuarios, exigimos que se detenga este pago que se inicia el 1 de marzo de 2016, propondremos un frente común para encontrar mecanismos conducentes a una real condonación de esta deuda, y de esta manera garantizar que la empresa tenga el presupuesto suficiente para realizar las inversiones que se requieren para mejorar la prestación de los servicios en el municipio.

¡NO AL PAGO DE LA DEUDA CON LA NACION ¡

JUNTA DIRECTIVA DE SINTRAEMCALI

JORGE IVAN VELEZ CALVO

PRESIDENTE

La ley que volvió a unir a Santos y a Uribe

La nueva ley sobre zonas de producción agrícola volvió a ubicar al Centro Democrático y a la Unidad Nacional en la misma orilla, y al Polo Democrático como el único partido coherente de oposición.

El cuestionado senador Álvaro Uribe Vélez se ha convertido en uno de los referentes de la oposición de ultraderecha al gobierno del presidente Juan Manuel Santos. En el Congreso, el expresidente ha sido el mayor crítico del proceso de paz, la principal política del actual gobierno, y esa circunstancia lo ha ubicado en otra orilla.

Sin embargo, eso no significa que ambos no tengan coincidencias. Como la que se produjo al final de las sesiones en el Congreso, cuando el santismo y el uribismo volvieron a unirse, esta vez para aprobar la ley de Zidres.

Quienes asistieron a los últimos debates de esta ley, que fue aprobada en la madrugada del jueves 17 de diciembre, parecieron regresar varios años en el tiempo, a esos días en los que la oposición era exclusiva del Polo Democrático, partido que batallaba sin éxito contra las abrumadoras mayorías que imponían sus condiciones en el Capitolio.

Como nunca antes, en el actual Congreso, al senador Jorge Robledo y a su colega Alberto Castilla se les vio luchando contra esa especie de unanimismo que rodeó la aprobación de esta ley.

No era para menos. Aunque el uribismo tenga diferencias en los asuntos de paz, en lo que tiene que ver con el modelo económico y el desarrollo agrícola defiende posturas similares a las del gobierno Santos. “No hay ninguna diferencia entre el santismo y el uribismo en materia de modelo”, sentencia el senador del Polo, Alberto Castilla.

Se llama ley Zidres porque crea las “Zonas de Interés de Desarrollo Rural Económico y Social”. Estas apuntan en teoría y en el papel al desarrollo del sector agropecuario con un enfoque productivo, que  de acuerdo a la bancada del Polo Democrática es para favorecer a los grandes terratenientes y a las transnacionales en perjuicio de los campesinos.  Dichas zonas tendrán que estar ubicadas en regiones del país que estén aisladas de centros urbanos, que carezcan de infraestructura y que en general requieran de grandes inversiones para su desarrollo.

Las Zidres, dice la ley, pueden estar en cualquier tipo de propiedad, incluso baldíos. Y permite a los ejecutores de las Zidres comprar, arrendar, asociarse, entre otros, hasta completar el área que requiera para su proyecto, es decir, no hay límites como el de la Unidad Agrícola Familiar, establecido en la Ley 160 de 1994.

El Polo Democrático, que anunció una demanda contra esta ley, la calificó como la ley de tierras “más retardataria” de la historia. Para el senador Robledo, no es más que una norma “calculada para “legalizarles” las tierras a los clientes del doctor Carlos Urrutia (exembjador de Santos en Washington y abogado de grandes empresas agrícolas), por eso la llamamos la ley Urrutia-Zidres”.

Dice Robledo que la ley Zidres despoja al campesinado colombiano de los derechos que hoy la Constitución le otorga sobre la exclusividad de los baldíos. “A partir de esta ley se les podrá entregar en concesión o arrendamiento, cosa que antes no se podía, a cualquier magnate nacional o extranjero cualquier área en baldíos. Hasta ahora los baldíos sólo se los pueden entregar a los más pobres del campo y en unidades de área pequeñas. Es una ley de ultraconcentración de la tierra”, dice Robledo. “Los baldíos ya no serán para los campesinos, como dice la Constitución y la ley”, agrega el senador Castilla.

Robledo recordó que este fue el quinto intento por tramitar una ley de esta naturaleza. Hace dos años, varias de sus denuncias no sólo tumbaron al embajador en Estados Unidos, Carlos Urrutia, a quien denunció por maniobras irregulares en la titulación de tierras. Y el anterior ministro de Agricultura, Rubén Darío Lizarralde, tuvo que retirar por dos veces el proyecto de ley de baldíos, el cual fue bautizado por el Polo como la "Ley Urrutia". 

Sin embargo, Robledo dice que los intentos por sacar esta ley se remontan hasta el gobierno de Álvaro Uribe. Recordó apartes de un discurso que el entonces presidente pronunció el 24 de junio del 2008 en el complejo agroindustrial La Fazenda, ubicado en Puerto López (Meta):

“Ustedes saben que hay una limitación legal, que no se puede adjudicar, titular sino una Unidad Agrícola Familiar (…) Con el ministro (de Agricultura, Andrés Felipe Arias) hemos buscado mucha solución y no la encontramos. No vemos la posibilidad política en el Congreso de la República de pasar ahora una ley de esta naturaleza, que levante la restricción de la Unidad Agrícola Familiar para lo que es la titulación de tierras”. 

Pero Robledo aclara que Uribe, finalmente, no intentó sacar la ley, y que si lo hubiera hecho, “se le habría creado un problema monumental”. Pero que en cambio, el presidente Santos lo hizo en el plan de Desarrollo, y hasta en cinco veces, la quinta fue la vencida. Por eso asegura que Santos “es el presidente más antiagrario y anticampesino de la historia de Colombia”.

Por eso, tras el debate sobre las Zidres, se dice que las cosas volvieron a su lugar. El Polo se mantuvo en la oposición, y el santismo y el uribismo coincidieron en el tema de tierras, defendiendo los intereses del gran capital.

Semana.com, Bogotá.

http://polodemocratico.net/noticias/nacionales/9510-la-ley-que-volvio-a-unir-a-santos-y-a-uribe