En el Congreso de la República se debate el nuevo Código de Policía, que ha generado bastante polémica debido a que diversos sectores de la sociedad denuncian que se trata de un Código de Policía autoritario y dictatorial, por medio del cual las autoridades podrían abusar de su poder, lo que conllevará a la violación de derechos humanos como lo asegura Alberto Yepes, integrante de la Coordinación Colombia Europa Estados Unidos.
“Este Código de Policía es mucho más autoritario que el que rige en este momento" asegura Yepes, quien añade que, se trata de un “régimen dictatorial”, por lo que los ciudadanos pasarían a vivir “épocas tenebrosas” bajo ese nuevo Código, que entre otras cosas criminaliza la protesta social, taponando las vías legales para impedir las manifestaciones que promueven la exigencia de derechos de los colombianos y las colombianas.
Así mismo, con este Código, se implementaría el “traslado por protección” que consiste en que la Policía estará autorizada para decidir si es necesario retener a una persona cuando está “bajo alteración de la conciencia”, es decir, que esté bajo algún efecto de sustancias psicoactivas o alcohol. Además, se permite el ingreso de la policía a los domicilios residenciales sin necesidad de que exista una orden judicial.
Para Yepes, la implementación de estas medidas significan la violación a derechos fundamentales que están contenidos en la Constitución Política, como la libertad, la libre movilización, la privacidad y el derecho a la protesta social, entre otros.
Sumado a eso, como también se permite el uso de armas como taser (arma electrochoque), se estaría aprobado aparatos destinados a la tortura y violación de derechos humanos, señala el defensor de DDHH, lo que indica que se está acudiendo a instrumentos dictatoriales para obtener el control de los individuos por medio de acciones de violencia.
En cambio, se reducen las posibilidades de que las autoridades paguen por violaciones a derechos humanos, ya que únicamente los ciudadanos podrán reclamar 5 días después algún tipo de abuso de autoridad, como el asesinato de una persona en medio de una protesta.
Para Alberto Yepes, la única vía para detener este proyecto de Ley que reforma el Código de Policía, y que ya pasó el primero de cuatro debates, es hacer uso de las manifestaciones ciudadanas y acudir a organismos internacionales. Esto, teniendo en cuenta que para el integrante del Observatorio de Derechos Humanos y Derecho Humanitario, la Corte Constitucional no tomará ninguna acción ante este Código de Policía, que a luz pública es inconstitucional, debido a que por los actos de los magistrados, es muy posible que la Corte “vaya a estar del lado de los ciudadanos", dice Yepes.
sobre el nuevo codigo nacional de policia, declaracion del Senador Alexander Lopez Maya: " Este proyecto lo vote negativamente porque permite el allanamiento de las viviendas por parte de la policía sin orden judicial"
Esta semana fue aprobado por el Senado de la República el nuevo Código de Policía en el primero de cuatro debates por los que debe pasar la iniciativa legislativa. El proyecto de ley ha generado polémica y preocupación ya que se vislumbra como base normativa para abusos de autoridad policial.
El pasado martes 16 de junio, fue aprobada en el primero de cuatro debates, la propuesta de nuevo Código de Policía que está siendo defendida por el senador Germán Varón Cotrino y la cual cuenta con el apoyo de los ministros del Interior y de Defensa. Dicha iniciativa ha generado debate, inquietud e inconformismo en diferentes sectores sociales y populares ya que le otorga a los uniformados una serie de facultades que atentan contra la libertad, los derechos humanos (como el derecho a la protesta), la privacidad, entre otros.
Uno de los primeros puntos de controversia es la posibilidad que se plantea en el nuevo Código de que la Policía pueda ingresar a los domicilios sin necesidad de contar con una orden judicial en caso de “alteración de la conciencia por sustancias alcohólicas o psicoactivas, que se presenten riñas, para preservar la seguridad, en persecución de una persona o cuando se altere la convivencia”. Medida similar a la contenida en el Estatuto Antiterrorista del gobierno de Álvaro Uribe Vélez y que fue declarado inconstitucional en su momento.
De igual manera, otro artículo estipula el “traslado por protección” que podrán hacer agentes de la Policía a cualquier ciudadano que ellos consideren que presente “alteración de la conciencia” o “cuando presente comportamientos agresivos o temerarios, realice actividades peligrosas o de riesgo que pongan en peligro su vida o integridad o la de terceros”. Así mismo, el proyecto de ley da vía libre al uso de armas como las pistolas eléctricas, lo cual potencia la probabilidad de violentar los derechos humanos, pone barreras burocráticas para que las personas puedan ejercer el derecho a la protesta, e incluso propende por la impunidad en casos de abuso de autoridad policial al limitar el tiempo de denuncia a cinco días después de que se haya dado la agresión.
Ante esta situación, diferentes organizaciones defensoras de derechos humanos han manifestado su preocupación y oposición rotunda frente a la inminente posibilidad de aprobación del nuevo Código. Por su parte, el senador del Polo Democrático, Alexander López Maya, manifestó ante los medios que “desafortunadamente en Colombia se tiene una cultura donde prácticamente se presume que los ciudadanos no son inocentes sino culpables, y bajo esa premisa se van a cometer muchos atropellos con este nuevo Código (…) Con estas facultades a la Policía, se van a aumentar los abusos por parte de la fuerza pública y justamente eso es lo que queremos evitar”.
Es importante resaltar que en Colombia se presentan cotidianamente casos de abuso de autoridad por parte de la Policía Nacional, los cuales van desde agresiones verbales hasta asesinatos, desapariciones y torturas; acciones que han sido perpetradas sin ningún tipo de distinción, atacando niños, mujeres, campesinos, estudiantes, indígenas, entre otros. No es de extrañar entonces que se tema porque este nuevo Código termine siendo nada más que la carta magna para el abuso de la autoridad, escenario incongruente e inconsecuente para un país que se está pensando la construcción de la paz.
* Equipo de Redacción y corresponsalías de Colombia Informa en Bogotá.
